A pedido del procurador general de la República del Brasil, Augusto Aras, el ministro relator del caso en el Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidió extinguir la Acción Civil Original (ACO) 3.300, que buscaba una indemnización por los supuestos daños causados ​​a los indígenas Avá-guaraní que residían en la región durante la construcción de la Central Hidroeléctrica de ITAIPU, entre 1978 y 1982.

La decisión del ministro fue homologada el pasado miércoles 30 de octubre. Al pedir la extinción del caso, Aras argumentó que se necesitaban más estudios y que el asunto era muy complejo.

La demanda había sido presentada a principios de setiembre por la ex fiscal general, Raquel Dodge, y tenía como acusados a la Unión, el Estado de Paraná, la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y la ITAIPU Binacional.

Procurador general de la República del Brasil, Augusto Aras

La solicitud de Augusto Aras, presentada el lunes 28 último, considera que, “a pesar de la innegable relevancia social de los hechos que componen la causa de la solicitud de la presente demanda (...), el ejercicio adecuado de la demanda colectiva carece de continuidad de estudios previos, teniendo en cuenta el principio procesal de la tutela específica”.

El fiscal general también señala que las preguntas fácticas y legales planteadas son muy complejas e implican altos valores. También reconoce que es difícil conocer exactamente el número de aldeas o parcialidades que existían en el momento exacto de la inundación por la construcción de la represa de ITAIPU.

Augusto Aras también señala que tal escenario, podría conducir al riesgo de ineficacia de un posible juicio sobre el origen de las solicitudes, especialmente considerando las dificultades para la identificación fiel de los beneficiarios.

El fiscal general de la República concluye la solicitud dirigida al ministro Alexandre de Moraes defendiendo la continuidad de los estudios técnicos dirigidos a una solución adecuada de la cuestión legal planteada, para evaluar la necesidad o no de presentar una nueva demanda.

(Fuente: JIE, Margen Izquierda)