Los Consejeros y el Director Jurídico, participaron el martes 12 de julio, de una reunión con los miembros de prensa, para reiterar que la Itaipu Binacional garantiza el acceso a la información sobre la institución a los ciudadanos y a los órganos nacionales acreditados, para el control de las entidades públicas.
Carlos Alberto González, Efraín Enríquez Gamón, Franklin Boccia, Osvaldo Román Romei, Cirilo Acuña, Domingo Laíno y el director del Área Jurídica de Itaipu, Eusebio Ramón Ayala en conferencia de prensa -que tuvo lugar en la sede de Itaipu en Asunción- hicieron referencia a la Ley 1161/97 “Que reglamenta las obligaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) vinculadas con los artículos 186, 195, 281 y siguientes de la Constitución Nacional y a su calidad de parte integrante de los entes binacionales Itaipu y Yacyretá”, cuyo proyecto fue elaborado por el actual consejero de Itaipu, Carlos Alberto González. Esta ley fue promulgada, pero tuvo una suspensión por parte de la Corte Suprema de Justicia durante anteriores gobiernos.
La suspensión de la ley no incidió en la voluntad política desde el 2008 de colaborar con el Control del Estado sobre las binacionales y en trabajar hacia la transparencia de la administración pública. Fue así que mediante el Acuerdo del 25 de Julio de 2009 entre Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil) y Fernando Lugo Méndez (Paraguay) por primera vez desde la creación de la represa, la Contraloría General de la República del Paraguay tuvo acceso al archivo de la Itaipu Binacional.
Así mismo, en la administración de Gustavo Codas, se instauró una nueva política de trabajo institucional mediante convenios con Ministerios, que somete las inversiones Socioambientales de la Itaipu al control del Parlamento, pues las cooperaciones se dan mediante ampliaciones presupuestarias que deben ser aprobadas por el Congreso.
El 1 de junio del 2011, la Corte Suprema de Justicia dio un fallo definitivo sosteniendo la inconstitucionalidad sobre la Ley 1161/97 y declaró su “inaplicabilidad”. Las autoridades de Itaipu Binacional expresan que esta declaración de inconstitucionalidad "en nada va incidir para que las puertas de Itaipu continúen abiertas, de conformidad con la política y decisiones del actual gobierno”.
“Itaipu se encuentra con las puertas abiertas”
Carlos Alberto González, miembro del Consejo de Administración de la Itaipu Binacional reiteró con vehemencia que “absolutamente, Itaipu se encuentra con sus puertas abiertas, para que cualquier persona que tuviera la competencia suficiente para hacer un requerimiento, lo hiciera y para que tuviera la información que fuera necesaria. Es más, en forma permanente se han estado dando informaciones al parlamento”, sostuvo.
Explicó que recientemente fueron convocados por la Comisión de Energía para informar sobre los avances de la construcción de la Línea de 500kV y las informaciones referentes a la obra.
“En esa oportunidad inclusive hemos comparecido los miembros del Consejo y hemos dado todas las explicaciones que nos fueron requeridas, a los efectos de que los parlamentarios pudieran tener un conocimiento preciso de qué es lo que está ocurriendo”, sostuvo. “Comparecimos, dimos todas las explicaciones. Nos ofrecimos a dar cualquier otra explicación, que se pudiera requerir. Y con ese mismo criterio ha procedido Itaipu de manera permanente. Y así va a continuar”, sostuvo.
“La Contraloría auditó por primera vez”
El consejero Efraín Enríquez Gamón expuso como un ejemplo de voluntad de trasparentar la entidad, el trabajo que realiza la Contraloría General de la República en Itaipu.
“Hemos invitado a la Contraloría Financiera de la Nación para que instale en la propia entidad, un equipo de técnicos para coadyuvar una auditoría en los campos específicos conducentes que ellos así lo solicitaran”, expuso.
“Eso se dio en tiempos en que la ley estaba suspendida, pero para nosotros, el ejercicio del derecho a la información que tienen los ciudadanos, sobre esta empresa -que es de todos los paraguayos- no fue suspendido y las puertas de la entidad están abiertas”, explicó.
Enríquez Gamón sostuvo que la Itaipu ha mostrado voluntad política para facilitar información a las instituciones competentes, “inclusiva para aquellas materias delicadas que generalmente los procesos de auditoría hacen en las Instituciones Públicas”.
“Ahora existe un camino directo”
“Hace 13 o 14 años atrás, gobiernos anteriores, amparados en el Tratado de Itaipu, no permitían que se pida una sola información a Itaipu y Yacyreta. Entonces, la inteligencia del doctor Carlos Alberto González y otros parlamentarios de la época, pensaron en esta ley, como una vía indirecta, para recabar información sobre las binacionales a través de la ANDE, que sí puede ser auditada por Contraloría y el Parlamento”, explicó Franklin Boccia refiriendo a los antecedentes de la Ley 1161/97.
“Entonces, esa era una forma indirecta de controlar las binacionales que dejamos de lado desde el 15 de agosto del 2008. Ahora existe una vía directa; se instaló una oficina con dos o tres funcionarios permanentes y en dos años, fueron emitidas unas 150 mil copias autenticadas para la Fiscalía, para el Parlamento, para la Mesa Energética, para el grupo asesor de la Cancillería, para la Contraloría General de la República. Estuvimos acompañando la gestión de la Contraloría General de la República y se habilitó en Foz Do Iguazú, un depósito de facturas y documentos. Porque el depósito de facturas y documentos de Itaipu está completo hasta los boletos de pasaje de los funcionarios están archivados y los funcionarios de la Contraloría tenían acceso a toda esa información para investigar el tema de la deuda que ya tiene un dictamen de la contraloría, con apoyo y colaboración del sector brasilero de la Itaipu”, explicó.
“Por eso es que esta ley, en el caso de la Itaipu, no nos produce alegría ni tristeza, es absolutamente inocua, porque ya abrimos el camino directo en contraposición a la vía indirecta a la que Ley acudía para poder acceder a los documentos de Itaipu”, expresó el consejero.
“En el 2008 se instaló una nueva forma de relación”
“Nuestro mensaje es para toda la ciudadanía y a todos los órganos públicos: Itaipu, a partir del 15 de agosto de 2008, mantiene sus puertas abiertas. Tal es así que esta nueva forma de relacionar al Gobierno con la sociedad, los presidentes Lugo y Lula habían firmado el Acuerdo del 25 de julio de 2009, un compromiso que incluían las reivindicaciones de Paraguay sobre Itaipu y a la modernización del sistema eléctrico”, refirió Eusebio Ramón Ayala, director Jurídico de Itaipu al señalar que con esa fórmula se firmaba una nueva forma de relacionamiento entre Itaipu, el sector Público y el sector Privado.
“Siguiendo esa política, Itaipu decidió con sus propios órganos, contestar todos los pedidos de informes de las Comisiones Asesoras del Parlamento; todos los pedidos de informes de los Diputados y Senadores, de las Cámaras del Congreso. Los Consejeros y Directores asumieron la tarea de informar cabalmente y concurrieron las veces que fueron convocados por el Congreso Nacional”, refirió.
“Hemos contestado todos los oficios de la Fiscalía de la República y los pedidos de informes de la Contraloría General de la República, este último tuvo acceso a los documentos para examinar la veracidad de la deuda, que era un compromiso del Gobierno del Presidente Lugo. Hoy la Contraloría General de la República tiene una Comisión Especial que analiza, con funcionarios de Itaipu, los puntos atinentes a su materia”, subrayó.
“El mensaje claro del Gobierno, del Consejo de Administración y los Directores es que la Itaipu tiene las puertas abiertas. No tiene miedo de abrir las puertas de par en par, no tiene miedo de informar porque cree de que este es un recurso público del Estado paraguayo y como tal, todos los ciudadanos tiene la obligación de conocer y el derecho de preguntar”, concluyó Ayala.
